El fiasco del plan del 30% de vivienda pública del Ayuntamiento de Barcelona cuatro años después

LaSexta Clave ha reparado en una información que se puede leer en el portal web de compra y venta de viviendas Idealista. El título, reza así: "La promotora Aelca, primera 'víctima' de Ada Colau en tener la obligación de ceder el 30% de una promoción a Vivienda de Protección Oficial".

Ante una información tan llamativa, la periodista Carla López Acuña aliza bien qué es lo que ha ocurrido en Barcelona. Lo primero: el texto se refiere a una ordenanza municipal que entró en vigor hace cuatro años yque hasta ahora no se había empezado a materializar. Una norma que dice que el ayuntamiento puede reclamar la compra del 30% de las promociones residenciales de mas de 600 metros cuadrados a precio de mercado.

Y precisamente eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona: ha comprado ocho pisos a precio de tasación de unos 200.000 euros. Por esos mismos pisos -de 84 metros cuadrados y dos habitaciones- piden en el mercado libre 479.000 euros.

¿Y qué van a hacer con estos pisos adquiridos por el consistorio? El objetivo es alquilarlos para que así la administración no pierda vivienda pública en un futuro. Los alquilaran en base a los criterios de acceso de vivienda de protección oficial

Y aquí, de nuevo hay diferencias entre alquilar en el mercado libre o tener de casero al Ayuntamiento. Si el precio de estos alquileres rondará los 500-700 euros mensuales, en el mercado libre podrían llegar a costar 1.300 euros al mes.

Cabe destacar que la norma es de hace cuatro años pero es la primera vez que el Ayuntamiento se queda con estos pisos. El objetivo era incorporar más de 300 pisos al año al parque de vivienda publica y sólo llevan ocho por esta vía. Por otras vías han aumentado el parque de viviendas en 4.000.

Desde el Ayuntamiento explican que las inmobiliarias se lanzaron a pedir licencias justo antes de que se aprobara la normativa para no tener que acogerse a ella. Hubo 500 solicitudes en los meses antes y solo 120 en los tres años siguientes.

A las inmobiliarias tampoco les gustó la medida, por lo que han ido buscando los recovecos legales para no tener que acogerse a la ordenanza. Es por eso que el Ayuntamiento plantea ahora poner multas a las promotoras que van de los 90.000 hasta los 900.000 € de sanción para 17 promociones inmobiliarias.