La 'ley mordaza' en cifras tras ocho años en vigor: 284.512 sanciones en 2023, un 17% más que el año anterior

Este jueves, para sorpresa del Gobierno de España, EH Bildu ha anunciado un acuerdo para derogar finalmente la conocida como 'ley mordaza', la ley de seguridad ciudadana. Esta norma fue aprobada por el Partido Popular con mayoría absoluta en 2015, con el objetivo de dar mayor poder a la policía para sancionar expresiones, manifestaciones y protestas. Ocho años después, ¿cuál es el balance?

Entre 2015 y 2023, activistas, periodistas y manifestantes han sido objeto de esta ley, que ha impuesto multas por un total de 1.300 millones de euros. La mayoría de estas sanciones no se deben a delitos contra la seguridad ciudadana, sino a la posesión o consumo de drogas. Solo en el último año, los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado impusieron 284.512 sanciones bajo esta ley, lo que representa un 17% más que el año anterior. Además, ha crecido un 7% el número de sanciones por "desobediencia a los agentes", un artículo que ha sido objeto de disputa entre los partidos.

Durante la pandemia, este artículo fue responsable de un aumento significativo en las sanciones. De las 240.000 sanciones impuestas en todo el año, 207.000 se aplicaron entre marzo y abril, en los meses más críticos de la crisis sanitaria.

Por otro lado, las faltas a la autoridad, que también han generado tensiones entre los partidos, han disminuido un 15% en el último año. EH Bildu señala que estas faltas podían incluir desde llevar una camiseta hasta un pin, o incluso una mirada o un tono de voz. En el nuevo acuerdo, proponen concretar estas infracciones en insultos o injurias que no constituyan un delito penal.

¿Qué votarán otros partidos?

Aunque este acuerdo es un paso importante, aún no está todo resuelto. PSOE y Sumar necesitan el apoyo del bloque de investidura para llevar a cabo la reforma. El PNV ha anunciado enmiendas, pero ha avanzado que apoyará el texto. Sin embargo, persisten las dudas sobre la postura de Junts, que respaldaron los acuerdos de la legislatura anterior, pero han hecho advertencias que podrían poner en riesgo la tramitación. También se espera la reacción de BNG, Coalición Canaria y Podemos, cuyos cuatro diputados son imprescindibles para avanzar con la reforma. Hasta ahora, estos partidos hablan de una reforma insuficiente y no de la derogación completa que siempre han exigido.