Los relatos de PSOE y PP sobre el acuerdo del CGPJ y otras ocasiones en las que cambió la letra pequeña

Menos de dos días después de que PP y PSOE sellaran un acuerdo sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las discrepancias ya están sobre la mesa. La discusión se centra en si las decisiones del CGPJ serán vinculantes o no, un punto crucial acordado pero interpretado de manera divergente por los dos principales partidos políticos de España.

Durante la emisión de Al Rojo Vivo, los líderes políticos Alberto Núñez Feijóo y Félix Bolaños expusieron sus posturas opuestas. Feijóo subrayó su resistencia a cualquier cambio en el acuerdo original, mientras que Bolaños destacó el papel decisivo que deberían jugar las Cortes en la interpretación y aplicación de las decisiones del CGPJ.

El acuerdo, que en apariencia mostraba unanimidad al ser firmado por ambos partidos, ahora se ve atrapado en el juego de la letra pequeña y las interpretaciones legales. Esta situación no es nueva en la política española, recordando los desafíos similares con pactos anteriores, como el de investidura de Pedro Sánchez, que resultaron en controversias desde el primer día. ¿Pacto de investidura o de legislatura? Según a quién le preguntes.

El debate actual también evoca recuerdos del traspaso de competencias a regiones como Cataluña, donde la discrepancia sobre la gestión integral de la inmigración evidenció diferencias fundamentales en la interpretación de la Constitución. La Constitución dice que "el Estado tiene competencia exclusiva sobre migración", y sobre ello, Jordi Turull, secretario general de Junts, aseguró que "la gestión es de la administración", mientras que María Jesús Montero, vicepresidenta primera, dijo que "la competencia es de titularidad estatal".

En el anuncio de ERC del traspaso total de rodalies también hay que leer la letra pequeña, ya que algunos dicen que es una vía "de interés general".

Las divergentes visiones sobre la letra pequeña no solo dificultan la legislación efectiva, como se vio con la Ley Mordaza, donde ERC y EH Bildu la interpretaban de una forma y los que intentaban sacar adelante la reforma de otra, sino que también ponen en tela de juicio la estabilidad de los acuerdos políticos a largo plazo.