LASEXTA CLAVE
Voto presencial, actas y recuento manual: ¿Cómo se defiende España del fraude electoral?
¿Por qué es importante? Existen organismos especializados dependientes de Interior para que webs esenciales no se bloqueen durante la celebración de los comicios.
La ley electoral en España, por el momento, no cuenta con sistemas de voto 'online', todo son papeles, mesas, recuentos manuales y actas. Esto, de alguna manera, es un seguro para proteger las elecciones de fraudes o injerencias por parte de 'hackers'.
Ahora bien, sí es posible que se bloqueen webs esenciales para el desarrollo de los comicios o se lancen ciberataques contra instituciones públicas. Es decir, aunque el voto no se emita por internet, procesos electorales como el del 29N no están completamente blindado frente a las amenazas digitales.
Existen, sin embargo, una serie de organismos cuya función es proteger al sistema de estas amenazas. Es el caso de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), que forma parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
¿Quién protege las elecciones?
La OCC tiene entre sus funciones coordinar la respuesta ante posibles ciberamenazas. Su labor cobra especial importancia durante los procesos electorales, cuando un ataque informático podría afectar a infraestructuras digitales vinculadas a la organización de los comicios, dificultar el acceso a información oficial o comprometer los sistemas de comunicación de las administraciones.
Ahora bien, la protección no recae en un único organismo. Desde 2019 existe la Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales, que se activa en cada convocatoria electoral y reúne a distintos organismos del Estado para compartir alertas, detectar posibles amenazas y coordinar respuestas.
Por otro lado, también existe un trabajo previo de protección que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con unidades especializadas en la investigación de delitos informáticos y en la detección de posibles ataques contra instituciones, infraestructuras y servicios públicos.