“No puede ser que el Gobierno tenga facultades para anular sentencias"

Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, comenta en ‘Salvados’ que los jueces de España cuando juzgan a un político no reciben más llamadas de las habituales. “Como fiscal no recibí nunca ninguna llamada de nadie”.

“Sólo me podía presionar el fiscal general del Estado”, quien sí recibía llamadas para dar órdenes para que se dejara de investigar a una determinada persona. Órdenes que se tenían que dar por escrito pero que no se atrevían. “La única manera para enfrentarse a estas situaciones”.

Un caso muy ejemplar fue la presión sobre la investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción contra el que era ministro del Gobierno del Partido Popular Josep Piqué. Se abrió una investigación con motivo de una denuncia por la venta de una filial donde el fiscal general tuvo una actuación muy beligerante. “Ese fiscal fue duramente tratado”.

"No puede ser que un Gobierno tenga facultades para anular las sentencias"

“Hay jueces que buscan una buena imagen social y quieren vivir tranquilos. Pueden ralentizar un proceso porque el paso del tiempo en la justicia para determinados jueces es la mejor solución”, comenta Carlos.

Cuando un Gobierno aprueba un indulto usurpa el poder al poder judicial porque lo que "no puede ser" es que un Gobierno tenga facultades para anular las sentencias dictadas por los tribunales. “Eso en sí mismo es una contradicción”, aunque lo recoge la Constitución. "Es una ruptura de la división de poderes y la negación de la legitimidad democrática".

Jordi Évole le enseña la publicación que afirma que “200 jueces firman en contra del indulto a los ‘mossos’ condenados por torturas. Un caso donde “la reacción judicial fue muy positiva y condenatoria”. "La generalidad de los condenados por delitos de tortura han sido generosamente indultados". Eso, “ha ido corriendo por la democracia española desde siempre porque es una herencia directa de la dictadura”.

En el caso de los mossos, se torturaba a un presunto miembro de ETA que acabó en el hospital. “Equivale a instalar un Estado de barbarie dentro del Estado democrático de derecho”. “Yo acabaría con los indultos”, concluye.