Cristina Narbona: "La Ley de Costas tiene gravísimos indicios de inconstitucionalidad"

15 kilos de goma-2  repartidos estratégicamente en 45 pilares del edificio. Desde el mar, Jaume Matas, Ministro de Medio Ambiente en 2002, activa la explosión. La Ley de Costas de 1988, vigente entonces, declara ilegal un hotel de 6 plantas construido junto a la playa. Hay que derribarlo y Matas cumple.

Pero eso es ya pasado, ahora una nueva ley manda ahora en el litoral español. Sólo en la franja más próxima al mar, la que cuenta con una protección que reconoce incluso la Constitución, existen 40.000 ocupaciones, el 90% de todas ellas, eran ilegales. Pero con la nueva ley, casi todas esas viviendas, hoteles, chiringuitos  e industrias, se salvarán del derribo.

La ley tiene un punto de vista positivo y otro negativo. Los más optimistas están en el Gobierno: para ellos la reforma de la anterior norma del 88 protege a quienes viven y trabajan junto a la playa. Los pesimistas son los activistas de Greenpeace, que  protestan en el Congreso porque, dicen, la nueva ley permitirá construir en la costa y creará una nueva burbuja inmobiliaria.

"Es una ley que resuelve los problemas que nos hemos encontrado en esta legislatura y que antes que mirar hacia otro lado, que podríamos haberlo hecho, vamos a poner una solución. Esto es demasiado gordo, demasiado serio, demasiado importante y hay demasiada gente interesada y afectada como para no dar una respuesta con tiempo y dar un marco estable y seguro a todas estas personas", explica Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente.

"En realidad lo que se refuerza es la posición jurídica de los particulares que tienen industrias o concesiones o títulos", asegura Ángel Menéndez Rexach, responsable de la elaboración de la Ley de Costas de 1988.

"Creo que tiene gravísimos indicios de inconstitucionalidad, creo que no tiene en cuenta el cambio climático y sólamente se entiende desde la defensa de intereses particulares", opina Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008.

La primera franja la forman el mar y las playas. Alcanza hasta el punto donde hayan llegado las olas en los mayores temporales conocidos. Aquí no se puede edificar nada nuevo, casi todo lo que ya está construido se tenía que derribar, pero ahora se mantendrá hasta 75 años más.

Además el Estado les permite comprar, vender y remodelar las viviendas y los negocios. Los chiringuitos seguirán y ya no tendrán que renovar sus licencias anualmente sino cada cuatro años. Hasta ahora la ley protegía los primeros 100 metros de los terrenos rústicos. En ese espacio no se podía ni edificar ni hacer reformas.

La nueva ley reduce esa franja de protección hasta los 20 y suaviza las restricciones: ahora los dueños de las edificaciones sí podrán hacer obras. En los otros 80 metros la ley no es clara. "Lo que se ha hecho es crear vías de escape legales para la vuelta al ladrillo", explica Juan López de Uralde, portavoz de EQUO.

Pero la parte más polémica de la Ley de Costas está en sus indultos. 13 lugares hasta ahora ilegales, pasan estar permitidos gracias a una amnistía total. Hay 12 núcleos de población uno en Galicia, dos en Cataluña, cuatro en la Comunidad Valenciana y 5 en Andalucía. También se libra toda la isla de Formentera. Casas junto al mar que con la anterior ley debían ser demolidas, de la noche a la mañana pasan a ser legales. Según el Gobierno, el perdón hace justicia con zonas habitadas y consolidadas antes de la anterior ley del 1988.