Esto es lo que piden las 'Mareas Verdes' al nuevo Gobierno tras su compromiso de mejorar la Educación pública

Los integrantes de las movilizaciones de profesores y estudiantes conocidas como 'Mareas Verdes', fueron perseguidos por luchar por la Educación pública, llegando a expedientar a 500 maestros.

Incluso se les acusó falsamente de hacer negocio con su símbolo, las camisetas verdes. "Me he enterado que hacen ustedes un gran negocio con esas camisetas, que venden a cinco euros y producen a tres", declaraba Esperanza Aguirre entonces.

"Quien vendía las camisetas era la FAPA, que tenía permiso para ello, y nadie se lucró con esta venta", señala Sandra Villa, profesora y portavoz de 'Mareas por la Educación Pública'. Ella lleva años luchando contra los recortes en la Comunidad de Madrid.

Ahora, el nuevo Ejecutivo se ha comprometido a derogar la LOMCE. "Se impulsará una ley básica que derogue la vigente LOMCE", afirmó Sánchez en el Congreso.

Villa destaca que "la LOMCE se redactó para hacer de paraguas a todas las irregularidades que estaba haciendo el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid en Educación".

"Su derogación es una de nuestras grandes peticiones, pero va acompañada de una construcción de una nueva ley educativa que realmente sea un consenso", añade.

Un acuerdo total por la Educación que el periodista Pedro G. Cuartango considera "el mayor reto que tiene, probablemente, este país".

"Cuando ha gobernado la derecha ha deshecho todas las reformas de la izquierda. Cuando ha gobernado la izquierda, lo primero que ha hecho es anular las reformas de la derecha. Eso genera un escenario permanente de enfrentamiento", indica.

Villa es crítica con el acuerdo PSOE-UP sobre Educación, pues invertirán más dinero, pero no el suficiente. "Desde 'Mareas por la Educación Pública' se pide un 7% del PIB y en el acuerdo pone que será el 5% en el 2025, que es más allá de esta legislatura", explica.

Ella opina que los recursos que se invierten en la Educación concertada deberían ser para la pública: "Se van a tomar medidas con aquellos centros que segregan por sexo, pero hay que ir más allá. Tenemos un problema. La privada concertada sigue aumentando y nuestros alumnos y alumnas en la Educación pública necesitan más recursos".

"Ahí el acuerdo se queda bastante corto", concluye.