La tutela judicial en efectivo de Gallardón

“Es necesario revisar  el vigente sistema de tasas judiciales. Hay un abuso en estos momentos en España en los órganos judiciales", aseguraba Gallardón en enero de 2012. Abuso. Esa es la palabra clave que marca el plan del Gobierno. Para el ministro, la raíz de los males de la Justicia está en que los españoles la utilizan demasiado.

Asegura que la gente va al juzgado aún sabiendo que va a perder y aporta datos. Según el Ministerio, el 75% de las personas que recurren una sentencia, pierden y 9 de cada 10 apelaciones que llegan al Tribunal Supremo son rechazadas. Casos que no van a ningún sitio y que saturan los juzgados.

Para acabar con esto, la receta del Gobierno vuelve a ser la política de bolsillo: quien use el juzgado que pague y así habrá menos demandas. En una palabra: tasas. 
La idea no es nueva. Existe desde 2002, pero sólo afectaba a empresas o sociedades con más de 8 millones de facturación.  La novedad que introduce el Ministro es que, ahora por primera vez, pagan casi todos los ciudadanos. Se libran las familias que ganen, entre todos. menos de 1.300 euros al mes.

No sólo hay una tasa, sino dos. Las fijas van desde los 100 euros por acceder a un juicio rápido, hasta los 1.200 euros por recurrir ante el Supremo. A estas cantidades, hay que sumar otra tasa variable: el 0,5% de la cantidad que se reclama.

Para entenderlo basta con ver un ejemplo habitual: un divorcio. Los dos quieren quedarse con la casa, que vale 300.000 euros. Para iniciar la demanda deben pagar 300 euros de tasa fija, más el 0,5% del precio de esa vivienda, esto es1.500 . En total, 1800 euros sólo por poner la demanda.

El resultado de esta medida ha sido una protesta sin precedentes en los juzgados. Abogados, procuradores y funcionarios rechazan la medida. Hasta los jueces, nada sospechosos de izquierdistas radicales, se oponen. Incluso las asociaciones de magistrados más vinculadas al Partido Popular, que pedían la instauración de tasas, consideran ahora que la medida del ministro es desproporcionada.

Se trata de una ley hecha contrarreloj, tanto, que durante un mes ni siquiera pudieron cobrarse las tasas. Los formularios aún no estaban terminados.

Agosto de 2008. El avión JK5022 de la compañía Spanair se estrella en el aeropuerto de Barajas. Mueren 154 pasajeros, entre ellos la sobrina de Pilar. Tras cuatro años de lucha en los juzgados, el caso está archivado sin responsables. Quieren seguir batallando, pero las tasas se lo ponen difícil y la empresa aseguradora les presiona para que lo dejen.

Estela ha quedado con su abogado para preparar su caso. Era limpiadora hasta que secundó la huelga general del 14 de noviembre. Al día siguiente, casualidades de la vida, su jefe la echó a la calle. Ha denunciado a la empresa por despido improcedente. Si pierde, recurrir la sentencia le costará 500 euros, casi lo mismo que ganaba al mes.

¿Qué dice la Constitución de todo esto? Para muchos juristas, los nuevos precios de la Justicia ponen en entredicho varios de sus artículos. Primero, el 14: el que dice que todos somos iguales ante la ley. También el 24, donde se garantiza el acceso universal a la justicia.