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SALUD
A pesar de estar aprobado para su uso y que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda, son muy pocos los profesionales que los recomiendan.
Durante décadas, la anticoncepción ha sido una negociación constante entre eficacia, comodidad y control. Las píldoras requieren una disciplina diaria que no siempre encaja con la vida real; los dispositivos intrauterinos y los implantes son muy eficaces, pero implican procedimientos médicos que no todo el mundo desea o puede permitirse; los preservativos dependen del uso correcto en cada relación; y los métodos de larga duración, aunque fiables, no siempre se perciben como reversibles de forma inmediata. En ese terreno intermedio, los anticonceptivos inyectables han ocupado un lugar curioso: discretos, duraderos durante meses y, en algunos casos, sorprendentemente autónomos.
Entre ellos destaca el acetato de medroxiprogesterona de depósito (más conocido por sus siglas DMPA), una forma inyectable de progestágeno, una versión sintética de la progesterona. Su mecanismo es bien conocido y eficaz: inhibe la ovulación, espesa el moco cervical para dificultar el paso de los espermatozoides y adelgaza el revestimiento del útero. Una sola dosis ofrece protección anticonceptiva durante hasta tres meses. Desde el punto de vista farmacológico, no es una novedad. Desde el punto de vista social y clínico, sí lo es.
El DMPA existe en dos formulaciones. La más conocida, comercializada como Depo-Provera, se administra por vía intramuscular y requiere la intervención de un profesional sanitario. La otra, aprobada en 2004, se inyecta bajo la piel y puede autoadministrarse con facilidad, de forma muy similar a los fármacos inyectables que hoy se han popularizado para la diabetes o la pérdida de peso. En teoría, esta versión subcutánea ofrece una ventaja evidente: desplaza parte del control del sistema sanitario a quien lo utilice. En la práctica, sin embargo, sigue siendo una opción infrautilizada.
Ahora, un estudio publicado en Obstetrics & Gynecology pone cifras a esa paradoja. Los autores, liderados por Jennifer Karlin de la Universidad encuestaron a 422 profesionales de la salud reproductiva en Estados Unidos que prescriben anticonceptivos de forma habitual. El resultado es revelador: solo alrededor de una cuarta parte prescribe anticonceptivos inyectables autoadministrables y, entre quienes sabían que existían, apenas un tercio los ofrecía a sus pacientes. Más llamativo aún es que muchos especialistas ni siquiera eran conscientes de que esta opción estaba disponible.
"Como la mayoría de los médicos no sabe que esto es una posibilidad, los pacientes tampoco lo saben – señala Karlin -. Es un método seguro, eficaz y pone el control en manos de las propias pacientes. Deberíamos hablar de ello y ofrecerlo sin prejuicios".
El estudio es el primero en identificar de forma sistemática las barreras que frenan la adopción de la anticoncepción inyectable autoadministrada. Entre las preocupaciones más citadas por los profesionales aparecen las dudas sobre la capacidad de las pacientes para inyectarse correctamente, la disponibilidad del fármaco en las farmacias y la ausencia de protocolos claros para informar, prescribir y hacer seguimiento. A ello se suman obstáculos más prosaicos pero decisivos: falta de materiales educativos, poco apoyo del personal de las consultas y escasez de tiempo para una explicación detallada.
Todo ello ocurre pese a que la evidencia acumulada indica que el método es seguro y eficaz cuando se usa de forma adecuada. Como cualquier fármaco hormonal, el DMPA no está exento de efectos secundarios. Se ha asociado a una disminución reversible de la densidad mineral ósea, a aumento de peso y, de forma poco frecuente, a la aparición de meningiomas benignos. El riesgo global es bajo, pero los autores insisten en que es esencial que los profesionales expliquen con claridad los beneficios y los posibles efectos adversos para que cada persona pueda tomar una decisión informada.
Paradójicamente, la autoadministración de anticonceptivos inyectables está mucho más extendida fuera de Estados Unidos, especialmente en países del África subsahariana, donde se ha integrado como una herramienta clave para mejorar el acceso a la salud reproductiva. En Estados Unidos, su uso aumentó durante la pandemia de COVID-19, cuando las visitas presenciales se redujeron al mínimo. Más de la mitad de los profesionales que hoy conocen esta opción afirman haber oído hablar de ella entre 2020 y 2022.
El contexto político también pesa. El estudio detectó que los profesionales que ejercen en estados con restricciones al acceso al aborto eran menos proclives a prescribir este método, a pesar de que tanto las guías nacionales como las internacionales recomiendan hacerlo accesible a todas las pacientes. Para los autores, esta disparidad subraya hasta qué punto la anticoncepción sigue estando atravesada por factores culturales, legales y organizativos que poco tienen que ver con la evidencia científica.
Como conclusión, el equipo de Karlin propone una serie de cambios concretos: campañas de formación dirigidas a profesionales sanitarios, la aprobación explícita por parte de la FDA del uso autoadministrado de la formulación subcutánea, la garantía de cobertura por parte de los seguros y la simplificación de los circuitos clínicos. En el fondo, el mensaje es sencillo: la tecnología existe desde hace años. El reto ya no es farmacológico, sino informativo y estructural.
En un momento en el que el debate sobre la autonomía reproductiva ocupa titulares (y tribunales), la historia de los anticonceptivos inyectables autoadministrables recuerda que, a veces, las barreras más resistentes no están en el laboratorio, sino en lo que sabemos o ignoramos.