FRENAZO A ESTA NORMATIVA
El objetivo de la nueva norma que te resumimos era asegurar que se reconocen los derechos que corresponden a su "trabajo real", ya sean autónomos o asalariados, mediante estos criterios sobre límites horarios, remuneración o la supervisión por medios electrónicos.
Las reservas de una "mayoría sólida" de gobiernos europeos han frenado este viernes el acuerdo político alcanzado la pasada semana entre la presidencia española del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo para una nueva directiva que refuerce los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, lo que deja en suspenso la adopción formal de la 'Ley Rider' europea, que necesita el visto bueno de los Veintisiete y del pleno de la Eurocámara.
El punto estaba previsto para adopción en la agenda de los 27 reunidos en Bruselas a nivel de embajadores, pero finalmente la presidencia española, que acaba este diciembre su rotación, ha podido constatar que no contaba con la mayoría cualificada para aprobar el expediente y ha optado por dejarlo en manos de Bélgica, que tomará el relevo de la presidencia el 1 de enero.
"Había una mayoría sólida que se ha opuesto", han informado a Europa Press fuentes diplomáticas, que apuntan que las reservas tienen que ver con que baste con identificar dos de los cinco criterios de control recogidos en la norma para identificar a una plataforma como "empleador".
Con todo, precisan distintas fuentes consultadas, el freno en la adopción de la norma no supone su rechazo ya que no se ha llegado a someter a votación, sino que el expediente ha sido aparcado tras escuchar las dudas de varias delegaciones y optado por dejar a Bélgica buscar vías de acuerdo con el Parlamento Europeo a partir de enero.
El acuerdo político fue alcanzado el miércoles de la semana pasada entre los negociadores del Parlamento Europeo y los del Consejo, liderados por la delegación española, y establece las primeras reglas a nivel europeo para aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas digitales como Uber o Deliveroo.
El objetivo primero es asegurar que se reconocen los derechos que corresponden a su "trabajo real", ya sean autónomos o asalariados, mediante una serie de criterios como la restricción de horarios, los límites máximos de remuneración o la supervisión por medios electrónicos.
Cuando los Veintisiete acordaron su posición negociadora el pasado junio, el mandato salió adelante con la abstención de España, que entonces consideró que la ambición de la directiva era "insuficiente".
Tras el freno de los Veintisiete, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado a través de las redes sociales con un mensaje que señala a "la ultraderecha y los liberales" por impedir la aprobación de la directiva, a pesar de que la norma "aseguraba nuevos derechos a 30 millones de trabajadores".
"Los Gobiernos conservadores y liberales de la UE impiden la aprobación de la Directiva de Plataformas Digitales impulsada por la Presidencia española de la UE", ha lamentado también en las redes sociales el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Pérez Rey ha defendido la 'Ley Rider' europea como una norma pionera que "otorgaba derechos a unos 30 millones de trabajadores y a 5,5 millones de falsos autónomos" y ha subrayado que el acuerdo entre la presidencia española y los eurodiputados "contaba con el apoyo de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo menos la ultraderecha".