Amaños en la adjudicación de contratos públicos con mordidas en efectivo: los indicios de la UCO contra los ex altos cargos de la Diputación de Almería

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil traslada al juez de Almería que investiga los presuntos amaños en contratos de mascarillas y otras adjudicaciones presuntamente irregulares en la Diputación los indicios de delito que existe contra los investigados. Entre ellos se encuentran ex altos cargos de la institución como el expresidente Javier Aureliano García y los exvicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria.

En total, la UCO eleva a 43 el número de personas físicas y jurídicas investigadas en este caso, que analiza diversas líneas relacionadas con contratos públicos de la Diputación de Almería, según consta en un oficio policial remitido al juzgado instructor y al que ha tenido acceso laSexta.

El documento, incorporado a las diligencias previas que instruye la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Almería, sitúa a los investigados en varias líneas de investigación vinculadas, entre otras cuestiones, a la adjudicación de contratos de suministro durante la pandemia y a otros expedientes tramitados por el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la institución provincial.

Estos contratos forman parte de diversos planes provinciales como PCEM, PIBIO o ACELERA 2020.

La cifra de investigados se desprende del informe elaborado por la UCO y remitido al juzgado dentro de las diligencias previas abiertas por presuntos delitos relacionados con la contratación pública, según la documentación judicial. El juez instructor ha acordado la declaración como investigados de todos los señalados en el informe policial, incluidos administradores o representantes legales de las sociedades mencionadas en el mismo.

Tres líneas de investigación

La investigación de la Guardia Civil se estructura en tres grandes bloques temáticos. El primero se centra en el contrato de "suministro de mascarillas FFP-2, monos de protección y guantes de nitrilo para atender las necesidades derivadas de la protección de personas frente al COVID-19" adjudicado a la mercantil Azor Corporate Ibérica, administrada por Kilian López Solé.

Este contrato, firmado en abril de 2020 por importe superior a dos millones de euros (2.036.186,24 euros, concretamente) habría servido para generar un retorno de fondos ilícitos mediante sobrecostes de aproximadamente un millón de euros "con la connivencia de determinados cargos públicos, entre los que se encuentra de forma preponderante Óscar Liria, en ese momento Diputado de Fomento de la Diputación Provincial de Almería", reza el oficio.

Según la UCO, Óscar Liria habría cobrado mordidas en efectivo como consecuencia de las adjudicaciones cuando era vicepresidente de la Diputación. Además, habría distribuido parte de los fondos entre cargos públicos. En este sentido, los indicios ponen de manifiesto que estas entregas se habrían producido al menos entre 2016 y 2021.

La segunda vía analiza una serie de contratos licitados por la Diputación que habrían permitido la adjudicación fraudulenta de expedientes a empresas como Pulconal u O.Y.C. Servicios Urbanos.

La UCO ha indicado que estas sociedades formaban parte de un "plan preconcebido" para obtener lucro económico ilícito aprovechando la capacidad de decisión de Óscar Liria en materia de contratación. En esta red habrían participado numerosos empresarios y otros cargos públicos, como el jefe de sección C.J.G.

Mordidas en efectivo

El tercer bloque apunta a la existencia de un flujo de dinero en efectivo cuyos destinatarios finales serían, supuestamente, otros cargos de la cúpula provincial. El oficio ha destacado indicios sobre la percepción de fondos por parte de Javier Aureliano García y Fernando Giménez, expresidente y exvicepresidente de la Diputación.

La Guardia Civil ha detallado operativas para integrar estos fondos en el circuito legal, incluyendo el uso de cuentas de familiares, como sus hermanos María Rosario y Juan Carlos García Molina, y la instrumentalización de una comunidad de bienes para canalizar dinero de origen desconocido.

Concretamente, sobre García señala que "habría percibido una serie de fondos en efectivo, habiéndose localizado indicios en este sentido que inciden en dos vertientes: por un lado, el uso por su parte de fondos en efectivo y, por otro, en el desarrollo de operativas que le habrían permitido integrarlo en el circuito financiero".

Estos movimientos se habrían materializado ingresos en efectivo de origen desconocido que habrían sido destinados, por ejemplo, al pago de su hipoteca.

Un viaje en el punto de mira

En este contexto, un viaje a Madrid en junio de 2025 de Javier Aureliano García junto a una estrecha colaboradora de su equipo de confianza, cuyo coste fue asumido por la institución.

Aunque se justificó como una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el análisis de llamadas y cámaras de seguridad no sitúa a los investigados en dicha sede, sino realizando actividades privadas y compras en el centro de la capital.

La UCO ha concluido que no se ha podido acreditar actividad institucional vinculada a este desplazamiento, que habría respondido a motivos personales. Ante la gravedad de los hechos, el magistrado Manuel José Rey Bellot ha dictado una providencia para tomar declaración a los 43 investigados, subrayando la necesidad de avanzar en la causa tras los registros y el análisis de los volcados telefónicos.

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