El PP exige la dimisión de la ministra Irene Montero por la ley del 'Solo sí es sí'

El Partido Popular ha exigido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cese a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la polémica que está generando alentrada en vigor de la ley del 'Solo sí es sí', que en algunos casos ha derivado en una revisión de las condenas por delitos contra la libertad sexual y una rebaja de penas.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido que se asuman "responsabilidades políticas" ante unas rebajas de penas que se producen, ha afirmado, tras desoír el Gobierno advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), juristas y del propio PP. "Cuando pedimos la dimisión y el cese de Montero, lo podemos hacer desde la autoridad de haber advertido a la propia ministra y a las fuerzas políticas", ha subrayado la número dos de Alberto Núñez Feijóo.

Del mismo modo, los 'populares' piden revisar la ley y cambiar "la tipificación de los delitos para que nadie se pueda beneficiar de una pena más baja".

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado, acusando a Montero de "atacar a los jueces". En la sesión de control del pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña ha señalado que Montero, "que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando ella es la responsable", debería dimitir.

Sobre ello además ha hablado el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, que asegura que la ley está equivocada y que debe ser reformada "sí o sí". "Ya no tiene remedio para los delincuentes sexuales que ahora mismo están en la cárcel, pero todos los días se siguen produciendo agresiones sexuales y cada agresión que se produzca caerá sobre esta ley benévola", ha considerado en una entrevista en 'Espejo Público'.

Además, ha apuntado a que es responsabilidad del Gobierno "no de Podemos". "El último responsable es Pedro Sánchez", ha manifestado. Un argumento que también respalda el alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez Almeida: "Sí o sí Sánchez tiene que comparecer para explicar por qué ha tramitado esta ley. Que Sánchez pida disculpas", ha defendido. Asegura que se ha cometido una "negligencia" que puede acabar, dice, con más delitos sexuales en España.

Lo cierto es que con la aplicación de la ley de Igualdad hay ya en España 14 casos de condenas que han sido revisadas y cinco excarcelaciones de condenados por delitos sexuales que han sido aprobadas por la justicia. En este contexto, la ministra Montero ha defendido que lo que está ocurriendo es "un problema de aplicación" de la ley y de interpretación por parte de los jueces.

"En los casos en los que los jueces interpretan de esa manera los hechos, da igual el Código Penal que tengas. Hay un problema porque algunos jueces interpretan que los hechos se pueden agrupar o interpretar en un tipo penal concreto", añade Montero, que asegura que "si hubiese un error, sería la primera en reconocerlo".

Los jueces responden a Montero

Las palabras de la ministra de Igualdad no han sentado nada bien entre las asociaciones de jueces y fiscales. Este miércoles, elConsejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que muestra su "más firme repulsa" a los "intolerables ataques", dicen, lanzados por Igualdadcontra los jueces que revisan condenas por delitos sexuales. Recuerda que, en febrero de 2021, emitió un informe sobre el anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual en el que se constataba que "el cuadro penológico contemplado suponía una reducción del límite máximo de algunas penas". "La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente", destacaban.

También la asociación de jueces progresistas Juezas y Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado lamentando las "muy desafortunadas e inapropiadas" palabras de Igualdad: "La reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica".

Y por su parte, desde la Asociación de Fiscales dicen en un escrito que las manifestaciones expresadas por los dirigentes políticos son "inaceptables". Señalan que el "legislador debe asumir la falta de técnica legislativa y de rigor jurídico en su reforma" y no culpar a quienes se dedican a cumplir la ley.