Tumbada por la Justicia
Los consulados temen un colapso total por los casos abiertos y los que hay que revisar tras el 'no' del Supremo a la 'ley de nietos'
El contexto La Sala considera que la ley representa "un peligro fundado y real" para el resultado de las nuevas elecciones por el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA". Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales piden una rápida resolución.
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El Tribunal Supremo ha rechazado la llamada ley de nietos, generando preocupación por un posible colapso en los consulados debido a la revisión de casos no acreditados, sumándose a los 2,5 millones ya abiertos. Esta decisión afecta al crecimiento del voto CERA, especialmente en comunidades como Madrid, Navarra, Cataluña y Baleares, lo que ha avivado las acusaciones de manipulación electoral por parte de la derecha. Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han expresado su preocupación por la proporcionalidad de la medida y sus efectos en derechos fundamentales, solicitando una resolución rápida debido a la proximidad de las elecciones. El Supremo considera que la ley podría comprometer la transparencia y confianza en el proceso electoral.
* Resumen supervisado por periodistas.
Llegan las consecuencias tras el 'no' del Tribunal Supremo a la llamada 'ley de nietos'. Mientras que en el PP reina el optimismo y en el PSOE se revuelven, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por una decisión que va a provocar un atasco sin precedentes en los consulados.
Porque mientras se debate sobre la legalidad de una medida que retira el derecho a votar a una parte de los españoles, los consulados temen un colapso total. Porque a los casos que ya tenían abiertos, que eran cerca de 2,5 millones, se suma ahora la revisión de los que el Tribunal Supremo considera ahora no acreditados.
En el centro de la polémica, el crecimiento del voto CERA. El aumento del Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes tras la implantación de la conocida como 'ley de nietos'.
El crecimiento, que se nota más en la Comunidad de Madrid, Navarra, Cataluña o Baleares, ha dado alas a la derecha y a la ultraderecha para sembrar y recuperar el fantasma del pucherazo.
"Se pretende torticeramente manipular los censos", ha afirmado Ayuso, que ha insistido en hablar de "avalancha al incorporar a cientos de miles al censo".
Ante todo este debate político a raíz de una decisión judicial, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han pedido una rápida resolución viendo la cercanía de las elecciones.
Para ambas asociaciones, sus preocupaciones vienen derivadas de cuatro cuestiones: el objeto del proceso, los derechos de personas ajenas al proceso, la proporcionalidad de la medida al afectar al ejercicio de derechos fundamentales y la apariencia de buen derecho.
Todo, después de que el Supremo haya tumbado la ley por considerar que representa un "peligro fundado y real" para el resultado de futuras elecciones y expresa su temor a que la inscripción de nuevos electorales, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, afecte "al resultado electoral deseado por los españoles".
La Sala hace hincapié en el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA residentes en el extranjero" y apunta a la afectación "a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados", además de generar "una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral", por lo que ha echado el freno cautelar a la medida.