La Fiscalía Anticorrupción ultima la petición para que el Supremo impute a Ábalos en el caso Koldo

La Fiscalía Anticorrupción ultima una petición para que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, sea imputado en el caso Koldo, en el que se investigan adjudicaciones de contratos de mascarillas por valor de 54 millones de euros, según ha podido saber laSexta. Aunque, de momento, el organismo se encuentra a la espera de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizará todo el material incautado durante las entradas y registros que se practicaron cuando estalló la operación.

El exministro de Transportes cada vez está más acorralado ante una posible imputación que, eso sí, no depende exclusivamente de la Fiscalía Anticorrupción dada su posición de diputado y, por ende, aforado. El organismo realizará la petición, pero la tendrá que ejecutar el Tribunal Supremo, quien tiene la potestad para poder hacerlo.

A esta situación ha llevado los indicios de los investigadores que apuntan a una colaboración de José Luis Ábalos con el resto de implicados y ya identificados del caso, además del informe realizado por el Ministerio de Transportes. En el dicho informe del ministerio, ahora liderado por Óscar Puente, la auditoría encargada del mismo destaca que se amplió la cantidad de mascarillas de 4 a 8 millones de unidades en 38 minutos cuando ya se había firmado la primera orden ministerial del 20 de marzo de 2020, señalando a Ábalos como responsable.

Pese a que el exministro ya aseguró que puede "defenderse de todo", la suma de los informes y la auditoría de Transportes llevaría a la Fiscalía Anticorrupción a realizar la petición para que el Tribunal Supremo impute a Ábalos por el caso Koldo.

Una imputación que precisamente ya ha sido solicitada esta misma semana por la acusación popular de Iustitia Europa por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude administrativo por la gestión de las mascarillas., en el que afirman que existen "indicios racionales y suficientes" de la comisión de estos supuestos delitos.

Los motivos de la posible imputación de Ábalos

Aunque todavía no le ponen nombre y apellidos, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran que les falta una pieza, el nombre del "súper jefe" que estaba al frente de la organización criminal que, presuntamente, habría concebido el amaño de todos los contratos públicos investigados en el procedimiento con el objetivo de repartir entre sus miembros comisiones millonarias.

Una pista aparece en el informe que los agentes de la UCO remitieron al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el pasado 2 de octubre de 2023 y en el que señalaban que el empresario Juan Carlos Cueto, que se llevó más de nueve millones de euros en comisiones, según la investigación, dio cuentas a Koldo García de una reunión con otro miembro de la trama, el intermediario Víctor de Aldama, en la que se mostró preocupado por lo que este podía contar ante una reclamación de la Agencia Tributaria.

"El hecho de que Cueto se dirija a Koldo tras mantener un encuentro con Aldama, a ojos de esta instrucción, implicaría que este se encuentra en un escalón superior de decisión", escriben los agentes en ese informe, en el que a continuación ponen de relieve su convencimiento de que existe "un súper jefe" de la organización que estaría, orgánicamente, por encima de Koldo García y tendría la última palabra en la toma de decisiones.

Esa deducción parte de la conversación de una trabajadora de una de las empresas de Aldama con Cueto en la que detallaba los obstáculos que ponía a su trabajo Israel Pilar, otro de los intermediarios en la operación. "Que Isra no le toque las pelotas porque tiene fotos de él con el súper jefe. Ya sabe quién es el súper jefe en esta historia", añadía. Y precisaba aún más en otro pasaje: "Hasta en el WhatsApp de Víctor hay fotos de Israel Pilar que no se pueden enseñar… con el ministro".

La participación en los contratos

Otra de las grandes incógnitas que intentan esclarecer los investigadores es quién dio la orden de adjudicar los contratos de mascarillas investigados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, propiedad del Grupo Cueto, más allá de los altos cargos de Transportes señalados en el sumario: el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, al que Koldo llamaba "Alvarito" en las conversaciones intervenidas; y el número tres del Ministerio, Jesús Manuel Gómez García, habitual en las comidas organizadas por el asesor de Ábalos en la marisquería 'La Chalana' de Madrid.

El contrato más importante investigado en el caso Koldo es la compra de ocho millones de mascarillas que la empresa pública Puertos del Estado, dependiente de Transportes, realizó el 21 de marzo de 2020, al comienzo del estado de alarma decretado para intentar frenar la pandemia de coronavirus, con un coste total de 20 millones de euros. Seis días después, los Departamentos de Asesoría Jurídica y Contratación de Puertos del Estado justificaron esa adjudicación con una nota interna recogida en el sumario en la que apelaban al "contexto de extrema urgencia" del momento y "dando cumplimiento inmediato a lo ordenado por el ministro".

El 27 de marzo de 2020, el gestor ferroviario ADIF adjudicó un segundo contrato mediante el que pagó a la trama 12,5 millones de euros, también para el suministro de mascarillas. En su declaración ante la Guardia Civil, la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera aseguró que "no recibió órdenes para la adjudicación, pero sí recibió presión del ministro de Transportes, [José Luis] Ábalos, y de su gabinete para que dicha adjudicación se realizara con la mayor premura posible", de forma que "la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida". "Koldo era muy insistente", remarcó.

En el sumario también constan concesiones de obra pública ferroviaria por valor de seis millones de euros a empresas que habrían hecho pagos a la mujer de Koldo García, así como la adjudicación de un contrato de 14.999,8 euros a una empresa de Ignacio Palomo, ginecólogo de la familia de Ábalos -con quien viajó a la República Dominicana en 2021- y de la mujer de su antiguo asesor, Patricia Uriz.

El juez Ismael Moreno también investiga otro contrato, por valor de 3,5 millones de euros, adjudicado por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior para la compra de material sanitario. El director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, declaró a la Guardia Civil que la adjudicación partió del Ministerio de Transportes, aunque no supo decir quién en concreto llevó al suministrador. "Lo aceptamos porque nos pareció una ventana de oportunidad", explicó durante su interrogatorio.

La trama también se hizo con cuatro adjudicaciones para la compra de mascarillas otorgadas por el Gobierno de Canarias, por un valor total de 12,3 millones de euros, y otra de 3,7 millones de euros facilitada por el Gobierno de Baleares. Desde junio de 2023, los cinco contratos son investigados por la Fiscalía Europea al haber sido sufragados con fondos europeos.

Papeles del Ministerio y pagos de gastos privados

La entrega de papeles del Ministerio de Transportes a José Luis Ábalos, detallada en el sumario, constituye el episodio más extraño del caso. El 2 de noviembre de 2023, el subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez García, entregó a Koldo García un sobre con documentos en el restaurante 'La Chalana'. Según la versión que él mismo ofreció a los investigadores de la Guardia Civil, ese sobre contenía un informe del Tribunal de Cuentas y otro de la Intervención General del Estado relacionados con los contratos investigados que el ministro necesitaba para interponer una querella a un periodista. El sobre fue recogido por el hermano de Koldo García, que se lo llevó personalmente a Ábalos a su casa de Valencia tras emprender un viaje en furgoneta en el que su vehículo llegó a ser registrado por agentes del instituto armado, que le dejaron marchar.

El presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, también intercambió con tres de sus trabajadores varias referencias que parecen apuntar a Ábalos en un chat de WhatsApp llamado "los cuatro mosqueteros", en el que hablaban sin tapujos de entregas de efectivo, en algunos casos "para putas", y se enviaban, entre palabras de satisfacción, fotografías de fajos de billetes y anotaciones de entregas. En relación con una posible venta de material sanitario, los miembros del chat llegaron a señalar que "el ministro dará el ok" y que ese negocio "solo lo puede frenar Sanidad". También abordaron la necesidad de preparar un "informe de negativo", en posible referencia a un test de COVID-19. A la pregunta de quién sería el beneficiario, uno de los intervinientes contestó sin margen de dudas: "José Luis Ábalos".

En el sumario también constan pagos de Patricia Uriz, mujer de Koldo García, a Ábalos por valor de 26.274,05 euros y tres transferencias que esta habría realizado entre 2018 y 2019 a la exmujer del ministro Carolina Perles, por valor de 2.512,80 euros. El antiguo asesor también pagó gastos a su antiguo jefe durante viajes realizados desde 2019, en ocasiones en compañía de sus familias, a México, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Perú, Rumanía, Rusia y Canadá.