El auto del juez
El juez señala a Zapatero como presunto "líder" de una "trama organizada" de "tráfico de influencias" para conseguir beneficios a través de ayudas públicas
Los detalles El juez apunta a que la red "jerarquizada" utilizó "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos". El objetivo era cobrar comisiones a cambio de poder influir en las decisiones del Gobierno, como en el rescate de Plus Ultra, para lo que Zapatero se habría servido de "su capacidad de acceso a altos cargos".
El auto de imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra es contundente. A lo largo de 85 páginas, el juez Calama señala el papel absolutamente clave de Zapatero como presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
Según el auto, la red utilizó "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos" y el magistrado habla de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero".
Además, el auto atribuye a Zapatero haber puesto "sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables. Y destaca un "reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos"
El escrito de Calama sostiene que la influencia buscaba "la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra". Y considera clave el "acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda".
Una trama con "testaferros" y "triangulación de pagos"
Sobre los pagos investigados, Calama habla de "contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos". El juez sostiene que las sociedades investigadas servían para "la triangulación de pagos" y que existían "administradores con funciones de testaferros".
La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, "recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos".
Y en concreto, sobre el rescate de Plus Ultra, el auto señala que "intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Y que sería la vía atribuida a Zapatero la que habría adquirido "un papel predominante".
El auto afirma que los clientes "abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados" y que la operativa económica era una "mera justificación documental frente a terceros". Así, el juez señala como "principal beneficiario final de los ingresos obtenidos" a José Luis Rodríguez Zapatero.
Sobre el conocimiento anticipado del rescate, el juez destaca en su auto que los investigados "celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal" y que el contacto con el entorno de Zapatero "no fue casual".
La resolución sostiene que la trama "selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios offshore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura".
Zapatero ordenó la creación de una 'offshore' en Dubái a través de Julio Martínez
Para el juez consta la existencia de una estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional.
Consta indiciariamente acreditado, según la resolución, que José Luis Rodríguez Zapatero, con la participación de María Gertrudis Alcázar Jiménez (su secretaria) y Julio Martínez Martínez (Análisis Relevante), impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.
La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público) −sin constancia del pago en España−, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español.
Este patrón de actuación, a juicio de Calama, encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final.
Por tanto, afirma el magistrado, la trama objeto de investigación no solo estaría llevando a cabo actividades ilícitas susceptibles de ser calificadas como tráfico de influencias, sino también de otras que podrían ser constitutivas de un delito de blanqueo de capitales, tipificado en el art. 301 CP, al concurrir indicios de que los investigados habrían realizado actos de ocultación, conversión o transmisión de bienes presuntamente ilícitos mediante una estructura societaria internacional diseñada para impedir su rastreo.
El juez atribuye a Zapatero el cobro de casi dos millones en comisiones
En cuanto a los beneficiarios finales, apunta el auto, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.