La familia Franco y el Estado no llegan a un acuerdo por el Pazo de Meirás y la justicia decidirá quién es el propietario legal

No ha habido acuerdo, ni tampoco había muchas esperanzas en tenerlo. La decisión del Estado de recuperar el Pazo de Meirás para el patrimonio público comienza su periplo en los tribunales, con una audiencia previa al juicio. "No va a ser fácil, ya veremos", ha afirmado el abogado del Estado.

La baza de la Abogacía del Estado es una escritura de compra de 1938, aparecida recientemente, que demostraría que el contrato de venta firmado tres años después por Franco fue fraudulento y una simulación. Además, según ha apuntado Suárez: "La entrega al jefe del Estado se hizo por su condición de jefe del Estado, y no como persona física".

En la vista, el abogado de los Franco ha defendido que la posesión del Pazo era de Franco, no de la Jefatura del Estado. Y que el dinero salió de particulares, no de las arcas públicas. Como lo consideran suyo, lo tienen en venta desde hace meses. De hecho, actualmente se puede ver que el anuncio que sigue vigente en una inmobiliaria de propiedades de lujo por un precio de ocho millones de euros.

Las acusaciones particulares sumadas a la Abogacía sostienen que el dinero para comprarlo fue obtenido mediante coacciones a los residentes de la zona y a los funcionarios. "Se le retiró ciertas cantidades de las nóminas para sufragar gastos del Pazo", ha explicado el concejal de Memoria Histórica del Ayuntamiento de A Coruña, Jesús Javier Celemín. Por ello, muestran muchas esperanzas en este juicio.

"Es un gran día para todo el Estado, vamos a recuperar la dignidad", ha afirmado el alcalde de Sada, Benito Portela. El juzgado ordenó que el registro de la propiedad anotara esta demanda. A la espera de la resolución de un juicio que se celebrará la primera quincena de julio.