Las administraciones callan y las familias en Manilva esperan: así afectan los fallos del sistema sobre vidas concretas

El desahucio que vivieron Laura y sus hijas, Julieta (cuatro años) y Lucía (seis años), no fue un desahucio inesperado. Durante meses, las administraciones sabían que decenas de familias podían perder su casa en Manilva. La pregunta ahora no es qué pasó aquel 24 de marzo, sino por qué, sabiendo que iba a ocurrir, no hubo una alternativa.

El desahucio llevaba años anunciado. Dos años, cuando llegó la primera notificación judicial. La jueza a cargo del caso no reconoció los contratos de alquiler de los inquilinos. Ergo, pasaron a ser ilegales. Y las familias, que durante tantos años habían pagado su alquiler, fueron tratadas como okupas. Sin quererlo. Sin buscarlo: "Yo no tiré ninguna puerta abajo. Yo hice todo lo que hace el resto. Buscar una casa. Pagarla. Intentar comprarla. La vida, ¿no? Y de repente me señalan como okupa", asegura Laura.

Durante este tiempo, en teoría, se podría haber construido una alternativa. Los vecinos buscaron ayuda en el Ayuntamiento de Manilva, también en la Diputación de Málaga. Una solución que, sin embargo, nunca llegó. Por parte del Ayuntamiento la única respuesta, "mal y tarde", cuentan, fue abrir las puertas del polideportivo público para que los vecinos sin recursos habitacionales o sin familiares cerca para pasar la noche no durmiesen en la calle. Un espacio provisional que, por cierto, llegó horas después del desalojo del edificio.

Un espacio colectivo. Sin intimidad. Y con límite, porque "como mucho podrían estar ahí diez días… no podía tenerlos ahí eternamente", señaló Mario Jiménez, alcalde del municipio, a los vecinos. Diez días, a partir de los cuales, tenían que buscarse "la vida": "Que él no podía hacer más", parafrasea Laura.

¿Qué ha hecho el Ayuntamiento por sus vecinos?

En el pleno del pasado 5 de febrero, donde a petición de los vecinos desahuciados trataron el asunto, Jiménez excusó una solución porque "los servicios jurídicos del Ayuntamiento" no consideraban que existiese una "emergencia humanitaria"real en el municipio. Explicó también que el Ayuntamiento no tenía presupuestos para hacerse con esa propiedad ni con ninguna otra que sirviese como viviendas sociales para paliar la evidente emergencia, que desde sus servicios jurídicos niegan.

Ante todas estas negativas, y por unanimidad municipal, el Ayuntamiento aprobó una moción institucional para solicitar el auxilio de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía al considerar que "el Ayuntamiento ya no podía hacer frente" a la situación. "Evidentemente era tarde", critican desde la oposición. De hecho, tanto los vecinos como otros grupos municipales denuncian la pasividad del Ayuntamiento estos últimos años, puesto que "era un problema evidente".

"Le pedimos al alcalde que tuviese preparadas soluciones ante un desahucio inevitable por orden judicial. Se les exigió que tuviesen todos los medios previstos y preparados para ayudar a las familias más vulnerables, personas con discapacidad, madres solteras. Pero ha primado la improvisación. Llegó el momento del desahucio y no había absolutamente nada preparado", critica José Manuel Fernández, portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento.

Ahora, el Ayuntamiento también se niega a responder las preguntas de laSexta: ¿Conocían las presuntas irregularidades del edificio? ¿Por qué la oposición los acusa de tumbar cualquier alternativa para estos vecinos? ¿Por qué no han derivado en los últimos meses a las familias vulnerables a las instituciones que sí tuviesen capacidad para ofrecer una alternativa habitacional? ¿Por qué esperaron, dicen, hasta el último momento? ¿Por qué han dependido de Cruz Roja para atender a sus 62 familias durante casi quince días? ¿Por qué no llamaron en tiempo y forma a la organización?

Y es que sin el apoyo de Cruz Roja, la situación habría sido aún más grave. Muchas de estas familias, directamente, hubiesen dormido en la calle. Ellos mismos, además, admiten también la falta de coordinación temprana por parte del Ayuntamiento: "Nos pilló por sorpresa".

Las administraciones callan y las familias esperan

Laura asegura haber acudido cada día al Ayuntamiento desde que se notificó el desalojo y los días posteriores a su ejecución, pero siempre le "dan largas". Ahora, sus hijas duermen en casa de una amiga, hasta que acaben el cole, mientras que su madre sigue llamando a cada puerta con la que topa para evitar que las niñas tengan que abandonar el lugar donde nacieron y aún crecen: Manilva. "No solo es la pasividad de unos y otros. No solo es el desahucio. Es la impotencia de sentir que nos están obligando a marcharnos a pesar de llevar toda la vida (la de las niñas) aquí", lamenta Laura.

En definitiva, la respuesta institucional llegó tarde, fue limitada o, directamente, no llegó. Y mientras las administraciones se reparten responsabilidades o guardan silencio, las familias siguen esperando. Porque cuando el sistema falla, no lo hace en abstracto: lo hace sobre vidas concretas. Y eso —como en Manilva— tiene consecuencias difíciles de reparar.

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