Impuesto a la banca
Las grandes empresas siguen acumulando beneficios de récord mientras denuncian un trato fiscal "discriminatorio"
A pesar de los cuantiosos beneficios de Caixabank, que suponen un incremento de más del 50% respecto al mismo periodo de 2022, la entidad critica abiertamente el impuesto a la banca.
CaixaBank ha presentado sus resultados financieros correspondientes al periodo de enero a septiembre de este año. La compañía ha tenido un beneficio neto de 3.659 millones de euros experimentando un impresionante aumento del 48% en comparación con 2022. La cifra ha sorprendido a analistas y a expertos financieros porque el banco ha superado sus ganancias anuales de 2022 en solo nueve meses.
Sin embargo, la euforia financiera se ve ensombrecida por el impuesto a la banca que CaixaBank deberá pagar este año y que asciende a 373 millones de euros. Su consejero delegado lo ha criticado duramente calificándolo de "discriminatorio".
En medio de esta polémica, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha justificado la amenaza de Repsol de abandonar España debido a los impuestos extraordinarios. Garamendi argumenta que "las empresas tienen todo el derecho de buscar los espacios adecuados y tienen la libertad y todo el derecho a hacerlo".
Garamendi continúa respaldando a las empresas afirmando que "están para ganar dinero, lo que crea economía, empleo y un futuro mejor para el país".
En el marco de la polémica fiscal, el impuesto extraordinario a las energéticas en 2023 ha generado una recaudación destacada. Las empresas eléctricas, gasistas y petroleras, con una facturación superior a 1.000 millones de euros en 2019, se han visto afectadas por este impuesto, que grava sus ventas con un tipo del 1,2%. Los ingresos regulados y los procedentes del extranjero están exentos de esta carga impositiva.
Este impuesto ha reavivado el debate sobre la fiscalidad con las grandes corporaciones y su impacto en la economía del país.
El CCE solicitó "actualizar los datos"
Emergencias contradice a Mazón: es el órgano encargado de enviar las alertas en situaciones como la DANA
El CCE aclara que, tal como establece la Ley de Protección Civil y el Plan Especial de Inundaciones, es su responsabilidad notificar a los municipios "en caso de declaración de situación de emergencia o preemergencia".