CRISTINA HUETE, PERIODISTA DE ‘EL PAÍS’

“En la Diputación de Ourense han llegado a trabajar 1.000 personas”

Cristina Huete, periodista de ‘El País’, explica a Jordi Évole que la Diputación de Ourense es la segunda empresa en cuanto a número de empleados rondando el millar. Unos trabajadores afines al PP y en ocasiones elegidos a dedo.

El hipódromo de Antela se hizo con dinero público porque “al expresidente le parecería una buena inversión”, comenta Cristina Huete, periodista de ‘El País’. El hipódromo no era rentable y tuvo pérdidas por 800.000 euros y ahora, “hay una concesión a una empresa privada”.  Los trabajadores los ha absorbido la Diputación. “Han llegado a trabajar 1000 personas, es la segunda empresa en cuanto a número de empleados”, explica.

Jorge Vázquez, director del Centro Ecuestre Laguna de Antela cuenta que el centro cuando era público “trabajaba bajo mínimos”. La Diputación tenía 17 empleados pero “no eran especialistas en este campo”. Para trabajar en el centro “sólo tenían que ser concejales, alcaldes o militantes del PP”. Ahora trabajan, 4 o 5 personas y la empresa paga un canon mensual a la Diputación de 1.500 euros.

"Para trabajar sólo tenían que ser concejales, alcaldes o militantes del PP"

La Diputación de Ourense se ha deshecho a parte del hipódromo, de ‘Urbaourense’ que generaba suelo empresarial y asesoraba al ayuntamiento sobre él. Tenía tres o cuatro trabajadores con un presupuesto anual de 224.000 euros, de los que 75 iban para el gerente José Jesús Cudeiro. Una persona que ha vuelto a ser contratado como asesor del nuevo presidente de la Diputación de Ourense Manuel Baltar.

El presidente para ahorrar, cierra empresas públicas pero también recorta el presupuesto de instituciones que dependen de la Diputación. Como el ‘INORDE’, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico,  que lo ha pasado  de dos millones a un millón. Este dinero se invierte en 3.000 euros destinados para el desarrollo, el resto, en sueldos del personal, explica Cristina Huete, periodista de ‘El País’.

La Fiscalía se ha querellado con el expresidente, José Luis Baltar, padre del actual presidente de la Diputación, por 115 contratos a dedo. Le acusaban de comprar voluntades de cara al Congreso al que se presentaba su hijo. El hombre se definía como cacique bueno “hacía favores a través de contratos públicos”, explica Huete.

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