La reunión entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y el comité de huelga de los examinadores de tráfico
ha concluido sin acuerdo tanto en lo que refiere a la convocatoria de
, como para fijar unos servicios mínimos. El director general de Tráfico,
Gregorio Serrano, ha propuesto el 50% de servicios mínimos en la han convocado a partir del próximo 4 de septiembre, un porcentaje que estos trabajadores consideran “abusivo y desproporcionado”. Como en otras ocasiones,
ha reiterado a los representantes de estos trabajadores que su Dirección no tiene competencias para autorizar la subida retributiva que piden los examinadores, que iniciaron con este fin sus paros todos los lunes, martes y miércoles desde mediados del pasado mes de junio. No obstante, la DGT ha defendido ante el Ministerio de Hacienda los argumentos de los examinadores “en numerosas ocasiones”, pero la respuesta desde este departamento siempre ha sido que
no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de funcionarios del Estado que también aspiran a ellas. Para todas
las demás cuestiones de mejoras profesionales que sí sean de su competencia, el director general de la DGT les ha reiterado su “absoluta disponibilidad para tratar cuantos temas consideren oportunos en cuantas ocasiones estimen convenientes”. Ante la
negativa del comité de desconvocar la huelga, Serrano le ha comunicado la intención del organismo de establecer un 65% de servicios mínimos, opción que ha sido descartada por los representantes de los trabajadores por considerar que “no son procedentes” al no ser un servicio esencial. Frente a ello,
el comité ha planteado que esos servicios sean del 20 % “para no perjudicar a los ciudadanos”, cifra que
Serrano ha tachado de “insuficiente”, por
lo que ha propuesto que se fijen en un 50%, un porcentaje “abusivo y desproporcionado” para la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra). Asimismo, la Institución ha preguntado sobre las principales demandas planteadas por el colectivo y sobre
los compromisos que Tráfico asumió hace dos años y que, según los examinadores, no se han cumplido.
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