Bruselas celebra el acuerdo del CGPJ, pero advierte sobre las presiones políticas a jueces en España

Bruselas cree que, con el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), España ha realizado un "progreso significativo" sobre una recomendación que la Comisión Europea venía reiterando desde hace años. Así lo recoge en su informe anual sobre el Estado de Derecho en los países miembros, en el que también menciona la ley de amnistía, que sin embargo no entra a valorar, a la vez que advierte sobre las presiones políticas a los jueces.

En este sentido, el informe habla de preocupación "en algunos Estados miembros" por "presión indebida sobre el poder judicial". El riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos puedan afectar a la confianza ciudadana en la independencia judicial, advierte, suscita preocupación en Eslovaquia, Italia... y España. Además, señala otras asignaturas pendientes en nuestro país, como la legislación en materia de lobbies o la regulación de la publicidad institucional.

Poder Judicial

El Ejecutivo comunitario, que precisamente actuó como mediadoren las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el CGPJ, alude en su informe a esa labor de intermediación y se refiere al acuerdo alcanzado el pasado 25 de junio entre los dos grandes partidos para renovarlo finalmente tras más de cinco de años de bloqueo, una cuestión que Bruselas había subrayado como prioritaria en su informe del año pasado.

Destaca que el acuerdo incluye el compromiso de reformar el sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y considera que "se ha logrado un progreso significativo sobre la recomendación realizada en años anteriores", lamentando no obstante que la falta de renovación ha tenido "un impacto negativo" sobre la labor del Tribunal Supremo y el sistema judicial español en general. Una situación cuya mejora prevé a raíz de ese pacto.

Críticas de los políticos a jueces

La Comisión Europea refiere también "cierto progreso" a la hora de fortalecer el estatuto del Fiscal General del Estado, siguiendo su recomendación a tal efecto, pero también señala que no se han tomado nuevas medidas para abordar la separación de su mandato del aquel del Gobierno.

Por otra parte, alude a la preocupación -manifestada, entre otros actores, por el propio CGPJ- sobre las declaraciones públicas de los políticos y el propio Gobierno criticando decisiones judiciales o a la judicatura en general y la posibilidad de que tales manifestaciones minen la confianza de los ciudadanos en la justicia.

En este sentido, Bruselas insiste en que, si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en ellos es "central para su efectividad". El daño a esta confianza, alerta, es particularmente relevante en relación con comentarios de miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, que deben proteger esa confianza en las instituciones constitucionales.

La ley de lobbies, en el tintero

El informe anual sobre la salud del Estado de Derecho en España alude también a las comisiones de investigación sobre los contratos de las mascarillas creadas en el Congreso y el Senado. Por otra parte, Bruselas no aprecia progreso para reforzar las normas sobre conflictos de intereses, como recomendó en su informe de 2023, ni tampoco en el desarrollo de una ley que regule los lobbies o y que incluya la creación de un registro público de estos grupos de presión. Aunque el Gobierno aprobó un primer anteproyecto a finales de 2022, la convocatoria de elecciones generales dejó esta iniciativa en el tintero cuando aún estaba pendiente de aprobarse en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.

Publicidad institucional y amenazas a periodistas

En el capítulo dedicado a los medios de comunicación, la Comisión entra en un asunto que ahora está en el centro del debate a raíz del llamado 'plan de regeneración democrática' promovido por Pedro Sánchez: la publicidad institucional. Señala en este sentido que no ha habido cambios legislativos al respecto a pesar de los llamamientos a una mayor transparencia, aunque señala que se está valorando introducir modificaciones, en alusión a ese plan cuyas líneas generales esbozó recientemente el presidente del Gobierno en el Congreso.

Además, destaca que los periodistas se siguen enfrentando a "crecientes desafíos" en su desempeño profesional, y cita varias alertas activadas en la Plataforma para la Promoción de la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa, relativas a ataques físicos, acoso e intimidación, detenciones y "otros actos con efectos paralizadores sobre la libertad de prensa". Una de esas alertas que menciona la Comisión tiene que ver con las amenazas a periodistas por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La ley de amnistía y su "controversia"

En cuanto a la ley de amnistía, el informe europeo se hace eco de su aprobación y entrada en vigor y de la "enorme controversia" que ha generado en España, pero no entra a valorar el contenido de la norma. La Comisión, recuerda, ha pedido aclaraciones a las autoridades españolas, que ahora está analizando. Alude también a la preocupación expresada por un "gran número" de partes interesadas en relación con esta ley y se remite a las recomendaciones que realizó la Comisión de Venecia sobre el borrador el pasado mes de marzo.