Tribunales
El Supremo reclama al partido de Alvise sus cuentas por la presunta financiación ilegal para las europeas
El contexto El juez accede a diligencias solicitadas por la acusación que ejerce el PSOE y relacionadas con los 100.000 euros que dio a Alvise el empresario Álvaro Romillo, también investigado en la causa.
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El Tribunal Supremo ha solicitado a Se Acabó la Fiesta (SALF), partido por el que fue elegido eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, sus movimientos bancarios en una investigación por presuntos delitos electorales y financiación ilegal. El magistrado Julián Sánchez Melgar ha pedido la contabilidad y documentos financieros de SALF, así como un informe del Tribunal de Cuentas. También se ordenó a la Policía investigar el tráfico de 'wallets' de criptomonedas. Alvise enfrenta otras cinco causas en el Supremo, incluyendo falsedad, injurias, revelación de secretos, amenazas condicionales y desórdenes públicos.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Tribunal Supremo ha reclamado a Se Acabó la Fiesta (SALF), la agrupación por la que fue elegido eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, sus movimientos bancarios, en el marco de la causa abierta por presunto delito electoral y de financiación ilegal de partidos.
Mediante un auto, recogido por laSexta, el magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, accede a diligencias solicitadas por la acusación que ejerce el PSOE y relacionadas con los 100.000 euros que dio a Alvise el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, también investigado en la causa junto con el político.
El magistrado requiere al representante legal de SALF la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo en 2024.
Asimismo, emplaza a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional a que investigue y elabore un informe sobre el tráfico de 'wallets' creadas por los investigados.
También insta al Tribunal de Cuentas a que realice un informe y aporte la documentación presentada por SALF sobre la fiscalización de la agrupación de electores en aquellas elecciones.
Esta es la más relevante de las seis causas que tiene abiertas el eurodiputado en el alto tribunal, algunas para las cuales ya se ha cursado el suplicatorio.
Respecto de las otras cinco que tiene abiertas el Supremo contra Alvise, una es por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
Una tercera es por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que concurrieron con él en el partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024 y que después rompieron con su formación; la cuarta es por la querella que presentó el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales.
Y la última y más reciente es por un presunto delito de desórdenes públicos por unas publicaciones en Telegram en relación con unas protestas agrícolas en 2024.